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SANTO DOMINGO.-El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, cuestionó un anteproyecto de ley presentado por la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almánzar de Ogando, al considerar que abriría la posibilidad de otorgar la nacionalidad dominicana a extranjeros que habrían obtenido documentos de identidad mediante procedimientos irregulares.
Rosario calificó la iniciativa como una «amnistía disfrazada» y sostuvo que, aunque fue presentada bajo el argumento de atender a personas que supuestamente carecen de identidad, procura establecer un mecanismo de regularización sustentado en razones humanitarias.
Advirtió que la propuesta podría entrar en contradicción con la Constitución dominicana, la Ley 169-14 y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Recordó que la Ley 169-14 estableció procedimientos específicos para regularizar la situación de extranjeros que cumplían determinadas condiciones y que no habían incurrido en falsedad documental.
A juicio de Rosario, el nuevo anteproyecto podría favorecer a personas que habrían cometido irregularidades contra el Registro Civil y el sistema nacional de identificación para obtener una nacionalidad que, según afirmó, no les corresponde.
También expresó preocupación por las posibles consecuencias de la iniciativa para la seguridad, la estabilidad nacional y la integridad de los próximos procesos electorales, al considerar que su presentación, previo al ciclo electoral de 2028, podría responder a intereses distintos a los humanitarios.
Rosario sostuvo que la identidad personal está vinculada al reconocimiento de derechos civiles, políticos y económicos, por lo que cualquier modificación en esta materia debe respetar las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
Frente a los reclamos de personas que alegan dificultades para obtener documentos de identidad, recomendó que cada caso sea llevado ante los tribunales para que las autoridades competentes examinen las circunstancias particulares y determinen las soluciones correspondientes.
Asimismo, llamó al Gobierno y a las instituciones responsables a aplicar la Ley General de Migración 285-04, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales.
El expresidente de la JCE insistió en que el anteproyecto no debe convertirse en un mecanismo general de reconocimiento de nacionalidad al margen de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano.
