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Santo Domingo.- El Gobierno de la República Dominicana ha intensificado sus esfuerzos para combatir la trata de personas, logrando un avance que le valió ser elevado al Nivel 2 en los estándares internacionales. Entre sus logros destacan la reforma de la Ley 137-03, que elimina la exigencia de probar fuerza, fraude y coerción en casos de trata con víctimas menores de edad, y un aumento en las investigaciones y procesos judiciales, incluso contra funcionarios presuntamente involucrados.
Además, se incrementaron las inspecciones laborales en sectores con riesgos de trabajo forzado, lo que llevó a la suspensión de varias empresas de propiedad china. También se adoptó un Plan Nacional de Acción 2025-2028 y se inició un programa piloto para registrar a trabajadores migrantes con contratos, brindándoles mayor libertad de movimiento y reduciendo su vulnerabilidad.
Sin embargo, persisten desafíos importantes. Las investigaciones sobre trata laboral y la identificación de víctimas siguen siendo insuficientes, y no se han entregado documentos de identidad a personas apátridas, aumentando su vulnerabilidad. Además, la falta de un adecuado proceso de detección entre poblaciones vulnerables limita la identificación oportuna de víctimas antes de su deportación.
El país continúa trabajando para fortalecer sus mecanismos y cumplir con los estándares mínimos en esta lucha crucial contra la trata de personas.
