SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó este martes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investigar posibles irregularidades en el manejo del programa Supérate y a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría especial sobre las incorporaciones de beneficiarios, los desembolsos y los mecanismos de control de esa iniciativa social.
La solicitud fue presentada por el exvicepresidente de la República y dirigente de esa organización política, Rafael Alburquerque, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en la que denunció la incorporación de 700 mil beneficiarios a los programas Aliméntate y Bonogás, con un costo anual de RD$8,196 millones para el Estado.
Alburquerque explicó que las inclusiones se realizaron mediante la Resolución Administrativa 003-2022, del 12 de abril de 2022, que dispuso agregar 300 mil hogares al programa Aliméntate y otros 400 mil beneficiarios al Bonogás.
El dirigente opositor cuestionó que la medida contemplara la incorporación de hogares que todavía no habían sido evaluados ni categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), entidad responsable de identificar y clasificar a las familias en condiciones de pobreza.
Asimismo, señaló que mediante la Resolución 071-2026, del 21 de octubre de este año, se establecieron procedimientos para identificar beneficiarios, distribuir tarjetas y elaborar nóminas de depósitos correspondientes al Bono Navideño, sin que, según afirmó, se respetaran las atribuciones del SIUBEN.
En relación con ese programa, Alburquerque indicó que entre 2020 y 2025 se anunciaron entregas de bonos navideños por más de RD$19,000 millones, mientras que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla otros RD$4,000 millones para esos fines.
El exvicepresidente consideró necesario que las autoridades expliquen cuáles mecanismos de evaluación socioeconómica se utilizaron para seleccionar a los beneficiarios y qué institución certificó que cumplían con los requisitos para recibir las ayudas.
Durante sus declaraciones, sostuvo que la Fuerza del Pueblo no cuestiona la existencia de los programas de asistencia social, sino los procedimientos utilizados para incorporar beneficiarios y administrar los recursos públicos.
También acusó al Gobierno de utilizar las ayudas sociales con fines clientelares y electorales, señalamientos que forman parte de las denuncias presentadas por esa organización política.
Alburquerque recordó que durante los años 2004-2012 se desempeñó como coordinador del Gabinete de Política Social, desde donde participó en el desarrollo de los programas de protección social del Estado dominicano.
La Fuerza del Pueblo pidió que la Cámara de Cuentas examine los procedimientos administrativos y financieros de Supérate, mientras que la PEPCA determine si existen actuaciones que puedan comprometer responsabilidades penales, respetando el debido proceso.
La organización sostuvo que las ayudas estatales deben llegar a los hogares que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos y que las instituciones responsables deben documentar los procesos de selección y distribución de los subsidios.
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