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SANTO DOMINGO. – El representante del partido Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral (JCE), Javier Ubiera explicó este lunes que el reconocimiento de nuevas organizaciones políticas en el país no depende exclusivamente de la presentación de firmas, sino también del cumplimiento de otros requisitos establecidos en la legislación electoral, entre ellos la presencia territorial y la documentación institucional.
Ubiera abordó la controversia sobre la exigencia del 2 % de las firmas de los electores para el reconocimiento de nuevos partidos políticos y aclaró que la normativa contempla un criterio de territorialidad aplicado por el órgano electoral, tomando en consideración que se solicita el reconocimiento de una organización de alcance nacional.
El dirigente político sostuvo que la finalidad de este criterio es garantizar que las agrupaciones que aspiren a convertirse en partidos nacionales demuestren una presencia real en las distintas demarcaciones del país, evitando que concentren la totalidad de las firmas en una sola zona geográfica y aun así soliciten un reconocimiento de carácter nacional.
El dirigente de la Fuerza del Pueblo se refirió al tema al ser entrevistado por la vía telefónica por los comunicadores Jaime Rincón, Aneudy Ramírez, Raquel Rodríguez y Nilson Batista en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital de “El Nuevo Diario TV”.
En ese sentido, explicó que la Junta Central Electoral también verifica otros aspectos contemplados en la normativa, como la existencia de locales y la documentación relacionada con los presupuestos, proyecciones de ingresos y gastos de las organizaciones que solicitan su reconocimiento.
Ubiera indicó que el derecho de asociación constituye la base constitucional que permite a los ciudadanos organizarse políticamente, pero precisó que su ejercicio también implica cumplir las disposiciones legales y los procedimientos establecidos para obtener el reconocimiento oficial como partido político.
Asimismo, reiteró que el requisito de las firmas debe analizarse dentro del conjunto de condiciones que establece en la legislación electoral, especialmente cuando se trata de organizaciones que aspiran a tener presencia y representación en el territorio nacional.
