Suiza.- Cincuentinueve países han dicho estar «extremadamente preocupados» por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Lo hicieron durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual la Alta Comisionada de este organismo Michelle Bachelet alertada sobre las irregularidades que persisten en el país centroamericano, cuyo presidente, Daniel Ortega, busca perpetuarse en el poder.

Según Bachelet, la situación imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente durante los comicios de noviembre..

Incremento de la presión

Human Rights Watch pide más presión a la ONU y que lleve el tema ante el Consejo de Seguridad, argumentando que lo que ocurre en Nicaragua supone un peligro de inestabilidad en la región.

Y para ejercer más presión sobre el régimen nicaragüense, Estados Unidos ha aprobado una ley que permitirá vigilar actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos e imponer nuevas sanciones.

La posición de Bachelet

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el deterioro de la situación en Nicaragua,

«Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (…), pero ésta no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante», señaló la expresidenta chilena en su intervención.

Lamentó que del 12 al 21 de junio la Policía nacional y el Ministerio Público de Nicaragua hayan detenido a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatos a los próximos comicios generales.

También se ha detenido a otros ochos líderes políticos (entre ellos cinco mujeres) y dos dirigentes gremiales, «bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias», subrayó Bachelet, quien insistió en que los arrestos han estado rodeados de «graves violaciones de las garantías procesales».
Las detenciones e investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas por Nicaragua en 2018 y 2020. La oficina que dirige Bachelet ya había advertido que podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, «como en efecto está ocurriendo», aseguró la alta comisionada.

Bachelet también criticó la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo, que en su opinión «no introduce salvaguardas para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales», así como la disolución de dos partidos políticos ordenada dos semanas después.

HRW compara situación con régimen Fujimori

Human Rights Watch (HRW) en una rueda de prensa encabezada por el director de su división de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, presentó este martes un informe de 38 páginas en el que urge a Naciones Unidas a actuar ante la reciente ola de arrestos contra líderes de la oposición y otros críticos de Ortega.

Más allá de denunciar las últimas detenciones en Nicaragua, HRW señaló que los cargos que enfrentan los cinco precandidatos han sido «evidentemente fabricados» por el Gobierno de Ortega.

VE AMENAZA A LA PAZ REGIONAL

Ante esta situación, HRW pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que use su poder para invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas con el fin de convocar una reunión con la justificación de que existe una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.